Planificando nuestro futuro urbano

Por Nélida Belous,
Diputada Nacional por Tierra del Fuego



En 1985, la Asamblea General de la ONU decidió que el primer lunes de octubre de cada año se celebrara el Día Mundial del Hábitat, estableciéndose un tema particular para reflexionar sobre la “situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada”; llamando al mundo a considerar su responsabilidad colectiva para el futuro del hábitat humano.

En 2009 el tema sobre el cual se piensa reflexionar es el de la planificación urbana en pos de hacer frente a los nuevos y grandes desafíos del siglo XXI. Dar cuenta de esto resulta insoslayable si consideramos que actualmente el cincuenta por ciento de la población mundial vive en ciudades y el acceso a la vivienda es una problemática de escala internacional, mientras que en Argentina -en consonancia con aquel panorama mundial- el noventa por ciento de la población vive en ciudades y se ha declarado la emergencia habitacional en un amplio grupo de provincias y ciudades a lo largo y ancho del territorio.

Cuando se habla de hábitat nos referimos al entorno que hace posible la subsistencia de una comunidad o especie, donde se vive y se accede a lo necesario para garantizar la vida y la reproducción. Los habitantes de las ciudades necesitamos para esto una vivienda, pero no solo la estructura que la conforma como tal -paredes y techo- sino todas las condiciones materiales, sociales y económicas que garanticen una vivienda en sentido amplio, integral. Necesitamos la vivienda, pero también precisamos de las infraestructuras sanitarias y de agua potable, la seguridad de la tenencia, la cercanía a los centros urbanos donde están nuestros empleos, los hospitales y las escuelas de nuestros hijos, los medios de transporte que nos acercan a ellos o bien la creación de nuevas centralidades en las actuales periferias, etc.

El crecimiento de las ciudades en Argentina se caracteriza por responder a la lógica capitalista, donde la desigualdad y la marginación son constitutivas y estructurales. En términos urbanos esto se traduce en segregación socioespacial y en el acceso diferenciado a los beneficios y obligaciones del proceso de urbanización.

Así, mientras unos pueden acumular propiedades, generar ganancias y especular con ellas para reproducir el sistema de acumulación, otros no pueden acceder por ninguna vía formal siquiera a una vivienda digna, necesaria para la propia vida. Durante las dos últimas décadas, pero siguiendo un proceso aún más antiguo, hemos asistido a un proceso de creciente concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad -dada la desaceleración del crecimiento económico sostenido, la persistencia de los indicadores de pobreza y marginalidad, el desempleo y desigualdad-, en paralelo a un régimen democrático sostenido en el tiempo, donde la ampliación de derechos en nada garantiza el acceso efectivo a los mismos.

En ese contexto socioeconómico, miles de familias construyen viviendas precarias en terrenos baldíos, mientras que otras toman edificios y casas abandonadas como única posibilidad alcanzable en los términos en que la ciudad se les presenta. Así, es como los centros urbanos crecen de forma desordenada y sin articulación -alrededor de dichos asentamientos informales- reproduciendo las lógicas de marginación.

Sin embargo, este panorama poco alentador no imposibilita a pensar en mecanismos factibles para desarrollar alternativas amplias que contemplen a los distintos sectores sociales, y las posibilidades en función de sus ingresos y necesidades. Es claro que la política habitacional que se desarrolla actualmente en nada responde ni soluciona -en el corto plazo- el déficit habitacional que registra nuestro país, de manera sostenida, desde hace veinte años. Este hecho obliga a pensar en alternativas jurídicas, administrativas y de gestión de y para las ciudades que contemplen la situación en términos nacionales.

Pensar en planificar nuestras ciudades hoy en día, nos lleva a ampliar la mirada respecto de la ciudad, del acceso a la misma, a proponer y gestionar tanto soluciones como alternativas diferenciadas. Ello es una obligación del Estado, en su carácter de garante de los derechos adquiridos -incluso internacionalmente- por la Constitución Nacional. Es también, una cuestión de decisión política y de posicionamiento ideológico.

En pos de una planificación urbana que plantee ciudades más inclusivas y equitativas, resulta ineludible propulsar una justa distribución de las cargas y beneficios del proceso de urbanización y plantear la preponderancia de la función social de la propiedad, como así también, concebir la vivienda a partir de la necesidad y como derecho humano por encima de su carácter mercantil. Existen experiencias y ejemplos en nuestra región (como Colombia o Brasil) que pueden orientar a nuestros gobiernos Provinciales, Municipales y Nacional a tomar un rol proactivo considerando la realidad que los rodea y los desafíos que se avecinan.

Como así también, desarrollar una acción conjunta que viabilice procesos de inclusión y desarrollo de otra realidad urbana, con organizaciones sociales, cooperativas, grupos que han generado experiencias de autogestión, etc.

Para lograr esto es necesaria una reforma urbana integral, desarrollando políticas que propicien el desenvolvimiento de un desarrollo urbano territorial nacional sustentable, en el que la gestión urbana y del suelo sea equitativa y se promueva la protección del medio ambiente -urbano, suburbano y rural- al tiempo que se establezcan principios y objetivos sociales inclusivos, para que las nuevas generaciones -y las presentes- puedan vivir en ciudades donde no sea imposible acceder a una vivienda en sentido amplio, sin el peligro inminente del desalojo y donde los derechos humanos adquiridos puedan ejercerse efectivamente.